Aprueban procuradurías para proteger a la infancia… pero sin presupuesto: la incongruencia del DIF Hidalgo

* Organizaciones advierten que la reforma impulsada por el DIF estatal que encabeza Eda Vite podría quedar como “letra muerta” si no se asignan recursos para operar en los municipios
Pachuca, Hidalgo.- La reciente aprobación en el Congreso de Hidalgo de reformas para crear Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ha encendido cuestionamientos sobre la congruencia de las políticas impulsadas desde el Sistema DIF Hidalgo, encabezado por Eda Vite Ramos, luego de que especialistas y organizaciones civiles advirtieran que dichas instancias carecen de presupuesto garantizado para operar.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad en el Congreso del Estado de Hidalgo el pasado 9 de abril, con 28 votos a favor de igual número de legisladores. Con esta reforma se establece que los 84 municipios del estado deberán contar con su respectiva Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Los cambios legales abarcan modificaciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Hidalgo, la Ley de Asistencia Social del Estado de Hidalgo, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo y la Ley de los Derechos para las Personas Adultas Mayores del Estado de Hidalgo.
El objetivo de esta reforma es que las autoridades municipales atiendan de manera más rápida los casos de violencia o vulneración de derechos contra niñas, niños y adolescentes, evitando dilaciones en los procesos legales y reduciendo su revictimización.
Sin embargo, la organización civil Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C. (SEIINAC) advirtió que la creación de estas procuradurías corre el riesgo de convertirse en una medida simbólica si no se garantiza el financiamiento necesario para su funcionamiento.
A través de un comunicado oficial, la asociación subrayó que estas instancias deben contar con personal multidisciplinario y especializado, capacitado en perspectiva de derechos humanos, género y derechos de la niñez, para evitar que la atención a víctimas se convierta en un trámite burocrático más.
“Para el funcionamiento de la Procuraduría Municipal se requiere una asignación presupuestal digna, suficiente y etiquetada, que permita trascender las buenas intenciones legislativas”, enfatizó la organización.
Aunque SEIINAC reconoció que la aprobación de la reforma representa un avance hacia la descentralización de la justicia y el fortalecimiento de los mecanismos de protección de la infancia, también recordó que los gobiernos municipales suelen ser el primer punto de contacto para las víctimas, por lo que la intervención temprana resulta fundamental para reducir riesgos y garantizar la restitución de derechos.
En ese sentido, la organización también solicitó fortalecer los mecanismos de coordinación institucional para que estas Procuradurías trabajen de manera articulada con las Secretarías Ejecutivas municipales de atención a niñas, niños y adolescentes.
De lo contrario —advirtieron— la creación de estas instancias podría quedar reducida a una reforma de papel: una estructura legal sin recursos ni personal suficiente para cumplir la función para la que fue creada.